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Condenan a la Diputación de León por discriminar publicitariamente a un digital

La administración dirigida por el PP excluyó a 'ileon.com' de la publicidad institucional entre 2011 y 2015

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Lun, 6 Feb 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena a la Diputación de León por discriminar al diario digital ileon.com en el reparto de la publicidad institucional desde el año 2011.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera acreditado que la Diputación Provincial discriminó de forma intencionada a este medio a excluirlo de sus campañas publicitarias desde este año al 2015, coincidiendo con los mandatos de la presidenta del PP, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014, el imputado en la trama Púnica Marcos Martínez Barazón, el actualmente diputado provincial Emilio Orejas y el inicio del mandato de Juan Martínez Majo.

La justicia entiende que la sentencia inicial del juzgado número 2 del mismo ramo se ajusta a Derecho y desestima totalmente los recursos interpuesto por la Diputación a nivel provincial, recalcando los informes de la propia Secretaría General de la institución, en los que reconocían una discriminación de hecho a este medio de comunicación.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado la resolución dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León por la que se condena a la Diputación de León a indemnizar a la sociedad editora de ileon.com, por discriminarla en el reparto de publicidad institucional desde el año 2011.

No atendiendo a criterios políticos

Desde los servicios legales de este diario leonés consideran que esta sentencia sigue la senda marcada por el Tribunal Constitucional y otros juzgados en cuanto al reparto de la publicidad de las instituciones sin atender a criterios políticos, sólo a datos objetivos como la audiencia y la presencia.

Esta segunda sentencia supone, a entender de los editores de este medio, “una garantía del ejercicio de la prensa de forma libre e independiente y alejada de los intereses espurios del político de turno” y son un “gran precedente jurídico que consolida un escenario en el que se impida el uso de dinero público para forzar líneas editoriales”.